Anna Núñez imparte una clase para analizar los riesgos y controles de Compliance en materia de Consumidores y Usuarios en ICAB

El pasado 15 de noviembre, Anna Núñez, abogada coordinadora en Corporate Defense en Molins & Silva, impartió una clase para analizar los riesgos y controles de Compliance en materia de Consumidores y Usuarios en ICAB en el Máster Compliance  de Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).
Resumen de su intervención:
El movimiento de defensa y protección de los consumidores es una materia desconocida pero en auge a la que casi toda empresa debe atender en su Modelo de Prevención de Delitos (MPD). En este sentido, se hace necesario valorar los riesgos de comisión de posibles delitos contra el mercado y los consumidores, así como la normativa administrativa que afecta a las empresas dependiendo de su concreto sector, bienes y/o servicios que comercializa y emplazamientos en los que éstos últimos puedan afectar a consumidores y usuarios.
¿Porqué atender a estos riesgos en nuestro MPD? Para evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica, para garantizar el cumplimiento normativo, para preservar unos estándares de conducta, para garantizar que la compañía no sufra daños a nivel reputacional, para evitar pérdidas económicas y para proteger al consumidor no solamente como una obligación legal, sino como posición de la empresa en el mercado.
Las empresas deben evitar ser sancionadas administrativamente y penalmente, pero también deben prestar atención al coste reputacional que supone la investigación en un procedimiento penal por un delito contra el mercado y los consumidores, y/o el impacto que supone en los medios una infracción administrativa -toda vez que existen numerosas asociaciones que se preocupan proactivamente de proteger los derechos de los consumidores-.
Por todo, consideramos de vital importancia que un MPD tenga en cuenta, en mayor o menor medida atendiendo a sus particularidades y características, éstos riesgos de incumplimiento. Todo ello, mediante el diseño de un buen MPD elaborado por expertos en Derecho penal y Compliance, y el consecutivo desarrollo de políticas, procedimientos y controles orientados a prevención, detección y reacción de riesgos de incumplimiento, entre otros, en materia de consumidores.