Breve comentario a la STS (Sala de lo penal) n.º 436/2023, de 7 de junio, p. Berdugo Gómez de la Torre
En su Sentencia n.º 436/2023 la Sala segunda del Tribunal Supremo resuelve el motivo planteado por un recurrente en casación que denuncia la vulneración de varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE). Aduce el justiciable que el Tribunal de instancia valoró prueba derivada de un registro ilegítimo de su cuenta de correo electrónico corporativa.
Los hechos que aquí interesan consisten en que la firma Deloitte analizó la cuenta de correo electrónico corporativa de varios empleados de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), incluido el recurrente, por encargo de los administradores provisionales de la entidad financiera. El registro se llevó a cabo a pesar de que ninguno de los trabajadores había prestado su consentimiento y de que en ningún momento de la relación laboral se les había advertido de que un registro de tales características podía tener lugar.
La auditora elaboró un informe en el que se sacaban conclusiones fácticas sobre el caso objeto de enjuiciamiento. Según el recurrente, tales conclusiones formaban parte fundamental del informe y se basaron en los correos analizados sin cobertura legal.
El Tribunal a quo dio parcialmente la razón al recurrente y consideró prueba ilícita los correos electrónicos objeto del informe de Deloitte, así como otras derivadas directamente de tales mensajes. No obstante, confirió validez a las partes del informe que consideró desconectadas de los correos, así como a las demás pruebas que, a su juicio, no guardan conexión directa con los mensajes intervenidos.
En la sentencia aquí comentada, la Sala segunda desestima el motivo formulado por el recurrente contra la decisión del Tribunal de instancia. Por un lado, cuestiona la existencia de conexión natural (relación de causalidad) entre los correos electrónicos (prueba originaria) y algunas de las fuentes de prueba impugnadas por el condenado (prueba derivada). Por otro, la Sala considera que la eventual vinculación jurídica es demasiado «tenue» para entender que existe conexión de antijuridicidad entre ellas.
En la Sentencia se reconoce que la querella que dio origen al procedimiento penal se fundamentó en el informe de Deloitte, de 19/12/2011, así como en el emitido por la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de 28/11/2011, aunque en el escrito de querella solamente se aportó el primero. No obstante, siendo el informe del Banco de España anterior al de la auditora, la Sala descarta la conexión natural porque no «acierta a comprender la relación de los correos electrónicos de los directivos de la entidad bancaria (…) con un informe de seguimiento e inspección de la entidad bancaria que se inició en el año 2008 y que no toma en consideración el contenido de los citados correos electrónicos».
Ahora bien, debe advertirse que el organismo regulador emitió dos documentos más, posteriores al informe de Deloitte: el documento de incoación de expediente disciplinario, de 25/1/2012, y el pliego de cargos contra directivos de la CAM, de 20/4/2012. Precisamente, en el pliego de cargos se hace referencia a los correos electrónicos intervenidos por Deloitte, afirmándose textualmente: «el análisis por Deloitte de los correos electrónicos cruzados entre responsables de la Caja ha confirmado lo que sospechaba la inspección. Esto es, en la Caja las operaciones de financiación al grupo Valfensal eran decididas y controladas por Serafín y Urbano».
Una prueba cuya conexión natural con la originaria parece evidente es un informe pericial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de 31/10/2013. En este documento se hacen «referencias múltiples y en varias ocasiones a correos obrantes en el informe de Deloitte», según la propia Sala.
También en el principal informe elaborado por la Unidad Adscrita a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, denominado “Análisis de las operaciones financiadas a Valfensal”, cabe encontrar referencias a dichos correos.
Sin embargo, la Sala confiere validez probatoria a ambos documentos porque entiende que no existe conexión de antijuridicidad entre ellos y los correos electrónicos obtenidos de manera ilegal. Según el alto Tribunal, los correos electrónicos tuvieron un papel meramente complementario respecto de las investigaciones efectuadas por la Unidad Adscrita de la Fiscalía Anticorrupción. Por lo que se refiere al informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la falta de conexión de antijuridicidad se fundamentaría en la escasa relevancia de los correos electrónicos a la vista de la abundante prueba obtenida por otros canales.
Pese a que la Sala manifiesta que el juicio de la conexión de antijuridicidad «exige un examen complejo y preciso», no cabe encontrar ulteriores razonamientos que fundamenten el rechazo de la conexión de antijuridicidad entre los documentos mencionados y los correos electrónicos obtenidos ilícitamente. Brilla por su ausencia cualquier referencia al contenido de los correos electrónicos y su importancia en la acreditación de los elementos fácticos que permitieron fundamentar la atribución de responsabilidad penal al recurrente. Si bien la Comisión Ejecutiva del Banco de España ya había detectado graves irregularidades en la CAM, parece que los mensajes descubiertos por la auditora permitieron individualizar responsabilidades. Es cierto que el Banco de España ya había apuntado al recurrente en su informe de 28/11/2011 (previo al de Deloitte), pero la cuestión era si sus “sospechas” tenían una base probatoria suficiente para sustentar la atribución de responsabilidad penal que posteriormente realizó el Tribunal a quo.
Respecto de la abundante prueba obtenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, no se acredita que se hubiera obtenido al margen de los correos electrónicos previamente aportados por Deloitte. Tampoco que estas pruebas puedan sustentar la individualización de responsabilidad penal en el recurrente prescindiendo de los correos electrónicos.
Por lo demás, ni una sola mención cabe encontrar al hecho de que la ilicitud de la prueba originaria se debió a la vulneración intencionada de un derecho fundamental, uno de los pocos criterios claros en relación con el análisis de la conexión de antijuridicidad. Se supone que cuando la vulneración es intencionada —como en el presente caso— la conexión debería apreciarse con mayor facilidad.
Tampoco se realiza consideración alguna sobre las necesidades de tutela o prevención del derecho fundamental vulnerado con miras al futuro (perspectiva externa). Resulta sorprendente que no se considere necesario mandar un mensaje contundente a los profesionales dedicados a las investigaciones internas, cuya capacidad de incurrir en vulneraciones sistemáticas es tan elevada como escasos son los referentes normativos que deben guiar su actividad.
La escasa profundidad de los razonamientos ofrecidos para descartar el efecto reflejo de la prueba ilícita contrasta, no obstante, con el esfuerzo realizado por la Sala para demostrar que la teoría de los frutos del árbol caído se aplica de forma igual de descafeinada en los países de nuestro entorno jurídico-cultural: se apela al estado de la cuestión en Portugal, Italia, Francia y los Estados Unidos.
Parece que nuestra Sala segunda se esmera en convertir en regla lo que nominalmente considera que debería ser una excepción, vaciando de contenido una regla establecida de forma meridianamente clara por el legislador en el art. 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales».
Conviene subrayar que en casos como el comentado no estamos ante una infracción de la legalidad ordinaria, sino ante la vulneración intencionada de un derecho fundamental.
Gestionar adecuadamente la protección de los datos personales dentro de una organización es hoy en día una cuestión de vital importancia. Constantemente somos testigos de sanciones administrativas y juicios reputacionales a las que se ven expuestas aquellas organizaciones que no cumplen con la regulación en esta materia y/o no han adecuado sus actividades a los estándares mínimos que prevé la normativa.
Por ello, incardinar dentro de nuestro Sistema de Compliance lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como las guías elaboradas por la Agencia Española de Protección de datos y las directrices emitidas por el Comité Europeo de Protección de Datos, es asumir una postura proactiva en la adopción de lo que tal normativa prevé y denomina como privacidad desde el diseño (“Privacy by design”) y privacidad por defecto (“Privacy by default”).
Partiendo de lo que conocemos como Sistema de Compliance, tener presente desde el diseño del mismo o incorporar en nuestro sistema ya desarrollado la regulación sobre protección de datos, nos permitirá integrar las obligaciones, requisitos y recomendaciones que la regulación, guías y directrices en esta materia nos afecten, con la finalidad última de fortalecer nuestra cultura ética y de cumplimiento, ampliándola a aquellos ámbitos en los que también nos podamos ver afectados por riesgos de compliance no previstos.
Retomando los conceptos señalados de privacidad desde el diseño y privacidad por defecto, por un lado, siempre que tengamos previsto realizar una nueva actividad en nuestra organización, una de las primeras cuestiones que deberíamos plantearnos es si en tal actividad vamos a tratar datos personales, con la finalidad de tener en cuenta los requisitos y recomendaciones mínimos y adecuar e implementar las medidas técnicas y organizativas necesarias, y así evitar riesgos de compliance y reputacionales desde un principio, desde el diseño de la actividad.
Por otro lado, si tenemos en cuenta en el desarrollo de nuestra actividad, en la que tengamos previsto tratar datos personales, la privacidad por defecto, ello nos llevará a aplicar desde un inicio los principios de minimización de datos y limitación de la finalidad, asegurándonos así que podemos garantizar el cumplimiento en esta materia.
En tal sentido, no sólo nos basta con disponer de una Política de privacidad, una Política de cookies, un registro de actividades y diversas políticas que muchas veces desconocemos que tenemos o cómo nos pueden ayudar a gestionar nuestra actividad, sino que es necesario realizar una revisión interna de las actividades que realizamos para conocer en cuales de ellas tratamos efectivamente datos personales y bajo qué premisas y con qué medidas de seguridad lo estamos haciendo. En base a tal evaluación, podremos determinar aquellos aspectos que tenemos que adaptar, adecuar y/o actualizar para asegurar un efectivo cumplimiento que nos garantice que estamos aplicando las medidas técnicas y organizativas que nos exige la regulación.
Al incluir dentro de nuestro Sistema de Compliance la regulación en materia de protección de datos, podremos realizar una valoración de los riesgos a los que se puede ver expuesta nuestra organización siguiendo el modelo de gobernanza empleado para la incorporación de las demás regulaciones normativas que nos afectan, y elaborar las respuestas proactivas, preventivas y reactivas mediante políticas, protocolos y procedimientos que sirvan de guía y referencia en el modo de desarrollar la cultura ética y de cumplimiento que los miembros de la organización han de observar respecto también de la privacidad y la protección de datos personales.
El desarrollo constante de las actividades que puede realizar una organización, así como el empleo de los datos personales y las actividades de tratamiento que se realizan sobre los mismos, han hecho que la regulación sobre la protección de los datos personales resulte de aplicación transversal a la organización y por ende, ello está ligado con la función de compliance, siendo por tanto una normativa más como se ha indicado antes – tan relevante como las otras- a tener en cuenta dentro de nuestro Sistema de Compliance.
Tal es así que, la evolución normativa en materia de protección de datos personales de la que hemos sido testigos estos últimos años, surge de la necesidad de contar con una regulación tecnológicamente resistente que nos permita salvaguardar los derechos y libertades de las personas de los tratamientos de datos personales que se realizan en la nueva sociedad digital, como consecuencia del desarrollo y evolución de la tecnología.
Por ello, resulta necesario conocer cómo estamos gestionando nuestras actividades de tratamiento sobre los datos personales, en función de las medidas técnicas y organizativas que hemos aplicado, así como verificar el empleo que realizamos de la tecnología de conformidad con lo que la regulación prevé y en particular, poder demostrar que las medidas que hemos adoptado en determinado momento, continúan siendo lo suficientemente robustas para garantizar como mínimo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que tratamos.
No podemos perder de vista que, para la gran mayoría de organizaciones, el tratamiento de datos personales constituye un activo esencial, y el hecho de poder garantizar que realizan un empleo seguro y correcto de los mismos refuerza su reputación y confianza por parte de la ciudadanía y de sus socios de negocio.
En definitiva, como tareas a realizar para asegurar el cumplimiento en materia de protección de datos y la implicación de toda la organización con la finalidad de interiorizar esta cultura ética y de cumplimiento, podemos listar las siguientes, sin ánimo de exhaustividad:
Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal.
El pasado mes de julio se publicó la ISO 37008, consistente en una guía para la conducción de investigaciones internas en cualquier tipo de organización. El estándar llega tras la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, sobre protección de los informantes (whistleblowers), en la mayor parte de los países de la Unión. El proceso se ha prolongado más de lo esperable (el plazo concedido a los Estados miembros era de dos años), con tres retrasos destacables: España (febrero de 2023), Italia (marzo de 2023) y Alemania (junio de 2023). Estonia y Polonia siguen sin cumplir con el mandato de trasposición.
La guía aporta algo de luz en un ámbito hasta ahora carente de referentes normativos. Si bien las normas de trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937 regulan algunos aspectos de las investigaciones internas, especialmente los relativos a la recepción y tramitación de las denuncias, la mayor parte del procedimiento sigue huérfano de ordenación legal, al menos en España. En nuestra Ley n.º 2/2023, de 20 de febrero, destaca la exigua regulación del procedimiento de investigación en las entidades privadas (vid. arts. 10 a 12), lo que contrasta con lo previsto en relación con las investigaciones llevadas a cabo por la autoridad independiente (vid. arts. 16 a 24).
De ahí que la publicación de este estándar internacional sea muy bienvenida, aunque en la guía no quepa encontrar respuesta a las cuestiones jurídicas fundamentales planteadas por las investigaciones internas: derechos y deberes de los investigados; confidencialidad de la documentación generada con la investigación (actas de las entrevistas, por ejemplo) en relación con un procedimiento judicial; compatibilidad de las indagaciones con los procedimientos administrativos o judiciales iniciados o de posible iniciación; entre otras.
La principal aportación de la ISO 37008 es la de ofrecer un esquema completo de las diferentes fases y aspectos que se deben tener en cuenta en una investigación interna, desde los principios que deberían inspirar la actuación de las personas que la llevan a cabo (independencia, confidencialidad, profesionalidad – honradez (truthfulness), imparcialidad, legalidad – apartado 4.º de la guía) hasta las cuestiones básicas en materia de comunicación con terceras partes interesadas (stakeholders), incluidas las autoridades públicas (apartado 10.º).
Antes de establecer las fases y medidas que deberían integrar un procedimiento de investigación (apartado 8.º) se subraya la importancia de que los máximos órganos de dirección de la organización muestren su compromiso con los principios que deben inspirar estas indagaciones, destinando los recursos que sean necesarios para que su implicación pueda considerarse real y efectiva (tone from the top). El reverso de esta exigencia es que los máximos responsables de la organización sean razonablemente informados de la existencia y curso de las investigaciones que se lleven a cabo (apartado 5.º).
El compromiso de los máximos órganos de dirección con los principios previstos en el apartado 4.º debe traducirse en una política de investigaciones internas en la que se concreten tales principios. Debe determinarse qué personas o funciones serán las competentes para acordar y/o conducir una investigación dentro de la organización, con qué facultades, con qué límites y, en todo caso, con qué derechos pueden contar las personas investigadas. Debe requerirse también la documentación de los resultados de la investigación, así como su confidencialidad, entre otros extremos (apartado 6.º).
Se considera asimismo indispensable adoptar medidas para la protección tanto de las evidencias personales (testigos) como reales (fuentes de prueba materiales, como por ejemplo documentos físicos y/o digitales, etc.). Igualmente se debe estar atento a las necesidades de protección de cualquiera de las personas intervinientes en la investigación, especialmente frente a represalias (apartado 7.º).
En cuanto al procedimiento de investigación en sentido estricto destacan varias directrices. Primero se requiere que el equipo cuente con el debido mandato (apartado 8.1.º) y que la línea de reporte interno de la investigación hasta el máximo órgano de dirección de la entidad esté definida desde un inicio (8.2.º). Se exige que el alcance objetivo, subjetivo y geográfico de la investigación estén definidos (8.3.º), documentando cualquier modificación al respecto. En materia de confidencialidad se compele a solicitar por escrito o verbalmente máxima confidencialidad a los intervinientes, bajo la advertencia de las consecuencias legales de una eventual filtración (8.6.º). Respecto de las entrevistas se confirma la necesidad de documentar su contenido, recabando la conformidad del entrevistado con el acta o documento que se levante dejando constancia de la conversación (8.9.º). También se exige documentar los resultados de la investigación (informe final), aunque cuando exista un litigio iniciado o de previsible iniciación se requiere solicitar asesoramiento legal sobre la confidencialidad de la documentación generada con la investigación (8.11.º).
Aunque no tiene por qué formar parte del encargo realizado a un equipo de investigación interna, la guía también contempla los pasos a seguir en el supuesto de que se solicite al equipo la propuesta de medidas de reparación o mejora de la organización interna a la vista de las infracciones detectadas. Al respecto destacan la necesidad de tener en cuenta el principio de proporcionalidad y la de realizar un seguimiento de las medidas propuestas. En el marco de estas medidas debe contemplarse, también, la revisión del sistema de compliance a fin de minimizar la reiteración de infracciones similares en el futuro (apartado 10.º).
Por el momento la observancia de los estándares contenidos en esta guía no permite optar a certificado alguno de la Organización Internacional de Estandarización.
Departamento de Investigaciones Internas
29/9/2023
El día 18 de septiembre de 2023, fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (en adelante, DOGC), la Resolución de 14 de septiembre de 2023, en virtud de la cual, la Autoridad Catalana de la Competencia (en adelante, ACCO) abre una convocatoria pública para conceder subvenciones destinadas a financiar programas de Compliance para la prevención de irregularidades relacionadas con la libre competencia en los mercados.
Las subvenciones que contempla esta convocatoria son regidas por la Resolución de 28 de abril de 2022, publicada en el DOGC. El plazo de presentación de solicitudes se inició el día 19 de septiembre y finaliza el día 18 de octubre de 2023.
A continuación, se ofrece un breve resumen de las cuestiones más relevantes respecto la presente convocatoria:
La ACCO celebra la favorable recepción de la primera convocatoria de subvenciones para los programas de Compliance relacionados con la competencia, siendo esta pionera a nivel nacional. Estos programas de Compliance son considerados instrumentos de gran valor que permiten a las empresas prevenir, detectar y responder de manera rápida a conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Finalmente, debe destacarse que, entre los servicios ofrecidos por el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se incluye el diseño, desarrollo e implementación de Sistemas de Compliance en materia de Derecho de competencia, ya sean estos sistemas independientes o integrados en un sistema de cumplimiento normativo de mayor alcance.
Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal.
Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto cuestiones con afectación en materia de Compliance en numerosas y diversas ocasiones.
Así, en el presente ComplianceKeys24 se ofrecerá un listado de las sentencias más relevantes del Tribunal Supremo en materia de Compliance de los últimos dos (2) años:
| Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de Compliance | ||
| Año | Sentencia | Cuestiones destacadas |
| 2022 | STS 36/2022, de 20 de enero |
El Tribunal Supremo condena a la persona jurídica y a su administrador por un delito de estafa. Entiende el Tribunal que no existe doble condena por el mismo hecho (bis in idem) en tanto el administrador no es el socio propietario del capital social de la persona jurídica. En consecuencia, la condena no supone una doble penalidad. |
| STS 56/2022, de 24 de enero |
El Tribunal Supremo analiza las facultades de acceso del empresario al correo corporativo de los trabajadores. En particular, el Alto Tribunal desestima el recurso de casación presentado para entender que el registro sobre el correo electrónico corporativo de los trabajadores que presuntamente habían cometido irregularidades vulnera sus derechos de privacidad, en tanto la medida de control empresarial se había realizado obviando las garantías necesarias. |
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| STS 264/2022, de 18 de marzo |
Desestima la posibilidad de hacer penalmente responsable a una sociedad unipersonal en atención a su carácter plenamente instrumental . Concretamente, el Tribunal entiende que, dado que la sociedad cuenta con un único socio y administrador, el patrimonio del cual se confunde y se diluye con el de la persona jurídica, no puede condenarse a esta.Se alega que la persona jurídica carece de un desarrollo organizativo suficiente que la diferencie de la persona física. En consecuencia, no puede aplicarse el artículo 31 bis del Código Penal dada la imposibilidad de diferenciar entre la persona física (socio y administrador) de la persona jurídica y la inviabilidad de implantar en esta un programa de cumplimiento normativo. |
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| STS 747/2022, de 27 de julio |
El Tribunal Supremo excluye la condena de la persona jurídica en virtud del principio del non bis in idem en tanto se trata de una sociedad unipersonal que corresponde al cien por cien (100%) a la persona física condenada. En particular, el Alto tribunal entiende que cuando el condenado penalmente como persona física es titular exclusivo de la sociedad, no resulta posible sancionar también a la persona jurídica. |
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| STS 792/2022, de 29 de septiembre |
Aborda y mantiene, principalmente por aspectos procesales, la imposición de la suspensión de actividades a una empresa por un plazo de dos (2) años por la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores al amparo de los artículos 129.3 y 33.7.c) del Código Penal. |
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| STS 813/2022, de 14 de octubre |
Aboga por la necesidad de implementar programas de cumplimiento normativo / Sistemas de Compliance en las empresas también para evitar y prevenir el fraude interno y el perjuicio económico para las empresas. |
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| 2023 | STS 1014/2022, de 13 de enero de 2023 |
El Tribunal Supremo, a modo de apunte, se pronuncia en la presente resolución respecto la eficacia de los Sistemas de Compliance para evitar aquellas conductas delictivas de las que las compañías pueden ser víctimas. En este sentido, los Sistemas de Compliance no solamente mitigarían las conductas que pueden generar una posible responsabilidad penal corporativa, sino que dificultan lo que el Alto Tribunal denomina “autopuesta en peligro”. Así pues, el Tribunal Supremo considera que, si bien, las conductas enjuiciadas no pueden suponer la responsabilidad penal de la persona jurídica (se trata de delitos de apropiación indebida, los cuales no son susceptibles de generar la atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica conforme el artículo 31 bis del Código Penal), de los que además habría sido víctima la propia persona jurídica (un club deportivo), estas podrían haberse evitado con medidas de control destinadas a evitar el abuso de relaciones personales (mediante controles relativos a apoderamientos, por ejemplo). En este sentido, también, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 90/2023, de 22 de febrero de 2023. |
| STS 89/2023, de 10 de febrero |
En la presente resolución el Tribunal Supremo resuelve en casación respecto el famoso “Caso Pescanova”. Entre otras cuestiones en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, destaca el análisis que en la presente sentencia se lleva a cabo respecto el elemento del “beneficio directo o indirecto”, exigido tanto en los supuestos de la letra a) (delitos cometidos por directivos) como en los propios de la letra b) (delitos cometidos por trabajadores) del artículo 31 bis del Código Penal, para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas. Señala el Tribunal Supremo que, en realidad, lo que el artículo 31 bis del Código Penal exige, como elemento indispensable para que pueda asentarse la responsabilidad penal de la persona jurídica, no es que la misma haya obtenido como consecuencia de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta un beneficio real, directo o indirecto, sino que aquellos hechos delictivos se hubieran cometido “en beneficio” de la misma. Así pues, las personas jurídicas pueden resultar condenadas por conductas delictivas que, incluso, les hayan causado algún tipo de perjuicio, cuando originalmente se hubieran llevado a cabo con el fin de reportarle alguna clase de beneficio, directo o indirecto. |
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| STS 321/2023, de 9 de mayo |
El Tribunal Supremo, en la presente decisión, estima el recurso del Ministerio Fiscal en el sentido que la responsabilidad penal de la persona jurídica no excluye la responsabilidad penal individual, esto es, de los autores materiales de las conductas delictivas. En este sentido, el Ministerio Fiscal y el Alto Tribunal convienen que el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas complementa al de las personas físicas, pero no lo sustituye. No se trata de decidir si las consecuencias penales han de ser asumidas por la persona natural o por la jurídica, sino si, además de la persona física, debe sancionarse penalmente a la entidad por cuya cuenta actuó. Procederá esa doble sanción cuando se den las condiciones establecidas en el artículo 31 bis del Código Penal. Finalmente, establece que solamente si se pudiera identificar a la persona jurídica con el responsable penal (supuestos de entidades de muy reducidas dimensiones, por ejemplo) cabría renunciar a una de las condenas (la de la persona jurídica) para no lesionar la prohibición de ne bis in idem (castigar dos veces a una misma persona, por los mismos hechos, con el mismo fundamento). |
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Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal.
Los canales éticos, han adquirido una gran relevancia desde la reciente y novedosa publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante Ley 2/2023).
Si bien la Ley 2/2023 ha impulsado que todas las empresas españolas de más de cincuenta (50) empleados/as cuenten con un sistema de información de forma obligada, el canal ético ya era una herramienta indispensable y clave para cualquier Sistema de Compliance, en tanto es un requisito del artículo 31 bis 5.2 del Código Penal español para los “modelos de organización y gestión”. Asimismo, también se trata de un elemento esencial de cualquier norma técnica en Compliance a nivel nacional e internacional. Es más, existe incluso la norma ISO 37002:2021 relativa a sistemas de gestión de canales de denuncias (whistleblowing management systems).
En este sentido, el canal ético podría definirse como el medio por el cual las organizaciones permiten canalizar consultas o denuncias que guarden relación con sospechas de comportamientos infractores o malas praxis dentro de las mismas. Asimismo, el canal posibilita que la organización sea conocedora, respetando el anonimato, de irregularidades, incumplimientos, infracciones, o, vulneraciones de la legislación vigente o la normativa interna de la organización (como el Código Ético y demás políticas y protocolos) por parte de los empleados/as, o incluso por terceros que con ella se relacionan.
Uno de los objetivos principales del canal ético es el fortalecimiento de la cultura de la información e integridad en las organizaciones, como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público y privado. De esta forma, se muestra el compromiso con los empleados/as y partes interesadas, generando confianza y demostrando que los asuntos y preocupaciones que se comuniquen serán procesados apropiadamente.
El canal ético puede tener diferentes formatos, siempre cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, por ejemplo:
Además de las mencionadas modalidades, la citada Ley 2/2023, de 20 de febrero, prevé distintas configuraciones, como puede ser, la reunión presencial a solicitud del comunicante.
Más allá de la obligación legal, la implantación de un canal ético significa también una ventaja competitiva ante el público interno o externo de la organización, puesto que, a grandes rasgos, y entre otros:
En conclusión, el canal ético es un elemento vital de prevención en las organizaciones, puesto que nadie conoce mejor las irregularidades que se cometen en las mismas que quienes están dentro, de manera que contar con un instrumento que permita comunicar estos hechos se presenta como un gran beneficio para cualquier organización, que deberá esforzarse en fomentar su uso y llevar a cabo un procedimiento de gestión adecuado.
Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal.
Molins Defensa Penal, boutique penal con 30 años de experiencia, fundada por el abogado penalista Pau Molins, sigue creciendo con la creación de un área especializada en la defensa jurídica de grandes empresas.
Molins apuesta por ofrecer un asesoramiento Premium dirigido a empresas, multinacionales, instituciones y administraciones públicas que requieren de un servicio especializado al derivar un gran volumen de negocio, y contar con unas necesidades concretas y distintas a la del resto de clientes individuales para los que se ofrece la defensa jurídica clásica.
El nuevo Departamento estará liderado por la abogada Paz Valles Creixell, a quien se ha promocionado como Socia de la Firma y Directora del Departamento, lo que supone un punto de inflexión importante para Molins, que apuesta por la promoción del talento interno y se posiciona así como un referente en el mercado de los servicios jurídicos, siendo el único despacho penalista a nivel nacional con un departamento específico de Grandes Cuentas.
“Ofrecemos un servicio Premium único, alejado del llamado “pleito en masa”, y trabajado desde la excelencia de una Firma de gran reputación, que ya está generando importantes alianzas en el mercado que están requiriendo de nuestros servicios jurídico penales. Actualmente tenemos una docena de clientes vinculados al nuevo departamento, entre ellos empresas e instituciones del sector de la seguridad privada, transportes, retail, entidades bancarias, recuperación de inmuebles y start-ups, todos con una hoja de ruta muy definida.”, resume Paz Valles.
Para satisfacer la necesidad de estas organizaciones de conocer en tiempo real el estado de sus pleitos, Molins ha apostado e invertido en la digitalización de la Firma, y se ha dotado de una estructura informática y tecnológica que permite informar a sus clientes de forma inmediata de sus resultados judiciales.
“Como especialistas en la materia garantizamos resultados, integramos y analizamos estadísticamente los éxitos en función del resultado del pleito, lo que permite a nuestros clientes poder dar cuenta internamente en sus organizaciones de forma rápida y eficaz, generando acciones que permitan aumentar la eficiencia en sus operaciones, e impacto en la rentabilidad de su negocio”, concluye Paz Valles.
Link a prensa: https://www.lavanguardia.com/economia/20230523/8987252/molins-abogados-nueva-area-grandes-cuentas-paz-valles-nueva-socia.html
Pau Molins ayer en Catalunya Ràdio reconoce que ha sido un “calvario” presentar la querella del expresidente del Barça Sandro Rosell, víctima de la #operacióCatalunya, contra el excomisario Villarejo. “En Madrid tienen la sensación de que esto es un tema de cuatro indepes. Y no es verdad. Debería interesar a todos los unionistas, constitucionalistas y demócratas. No es una cuestión de color político, sino de respeto al estado de derecho”.
Treinta años después del juicio de Lola Flores por defraudar a Hacienda, La Sexta analiza el caso con nuestro socio director de la Oficina de Madrid Luis Jordana de Pozas Gonzálbez que fue el fiscal que lo investigó.
Puede ver la noticia completa aquí.
La Vanguardia recoge en sus ediciones de 28 de febrero y 1 de marzo un extenso reportaje sobre algunas de las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo hasta la fecha y en las que Molins Defensa Penal actúa como acusación, en el marco de la Operación Catalunya, de, entre otros: Sandro Rosell, el ex consejero delegado de Banca Privada d’Andorra Joan Pau Miquel, la familia Sumarroca, el exconseller de Economía Jaume Giró y el ex jefe superior de Policía Nacional en Catalunya Narciso Ortega.
