Justo una semana antes de la publicación en España de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas denunciantes de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se transpone la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, más conocida como Directiva Whistleblowing, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado la Sentencia Halet c. Luxemburgo, reafirmando los criterios aplicados en la prestigiosa Sentencia Guja c. Moldavia y convirtiéndose en un nuevo referente en materia de Whistleblowing.
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado Sentencia en el asunto Halet contra Luxemburgo en fecha 14 de febrero de 2023, mediante la que trata el equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, CEDH), y los deberes legales y estatutarios de secreto profesional en un contexto empresarial.
En cuanto a los hechos del caso, un antiguo empleado de PricewaterhouseCoopers (en adelante, PwC), A.D, transmitió información fiscal confidencial de PwC al periodista E.P, información que acabó siendo publicada por varios medios de comunicación, incluido un programa de televisión emitido en 2013.
El demandante fue despedido por PwC y condenado en un proceso penal, al no haberle concedido el Estado de Luxemburgo la defensa propia de la condición de denunciante o whistle-blower. Los tribunales nacionales negaron la violación del artículo 10 del CEDH, porque se consideró que la divulgación a los medios de comunicación de documentos confidenciales de PwC no tenía un interés público suficiente para contrarrestar el perjuicio causado a la empresa.
Sin embargo, en su Sentencia de 14 de febrero, la Gran Sala de Estrasburgo ha constatado la injerencia en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del demandante, por las razones que se expondrán brevemente a continuación.
En primer lugar, los principios generales establecidos en la jurisprudencia del Tribunal se han inspirado en la Sentencia Guja c. Moldavia, que identificó por primera vez los criterios pertinentes a seguir a la hora de evaluar si la divulgación de información confidencial sobre un lugar de trabajo podía estar amparada por la protección del artículo 10 del CEDH. Según esta jurisprudencia, la protección de que gozan los denunciantes de irregularidades debe tener en cuenta los deberes de lealtad, reserva y discreción inherentes a las relaciones de subordinación y el deber legal de secreto, entre otros.
Por otro lado, en relación con la protección de los denunciantes, el Tribunal define seis criterios acumulativos que han de cumplirse para considerar justificada la divulgación de información confidencial empresarial: (1) Los canales utilizados para realizar la divulgación. A este respecto, el canal jerárquico interno es, en principio, el mejor medio, (2) La autenticidad de la información divulgada, (3) La buena fe al interponer la denuncia, (4) El interés público de la información divulgada, (5) El equilibrio entre el perjuicio para el empleador y el interés público de la información divulgada, y (6) La gravedad y proporcionalidad de la sanción impuesta al denunciante.
En virtud de lo anterior, en la resolución del caso Halet c. Luxemburgo, la Gran Sala del TEDH ha declarado que el Tribunal de Apelación nacional no había tenido suficientemente en cuenta las características específicas del caso, por considerar que el perjuicio causado a PwC no superaba el interés general, ya que contribuía innegablemente a proporcionar una nueva visión y un importante debate sobre la elusión de tributos, la exención y evasión fiscal a nivel nacional y europeo. Por lo tanto, el Tribunal ha declarado la violación del artículo 10 del CEDH relativo al derecho de la demandante a la libertad de expresión y a la libertad de información.
Cualquier persona que considere que las autoridades públicas españolas han vulnerado, ya sea por acción u omisión, alguno de los derechos que tiene reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene la posibilidad de interponer una demanda ante la Corte de Estrasburgo.
El recurso a esta instancia judicial debería ser absolutamente excepcional. La jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se proyecta sobre más de 830 millones de personas que habitan en alguno de los 47 Estados que han ratificado el Convenio. Solo por razones prácticas resulta obvio que el acceso a este Tribunal deba ser extraordinario. Así es: los requisitos de admisión de las demandas remitidas a Estrasburgo son especialmente rigurosos.
Más a menudo de lo que sería deseable quienes han tenido una experiencia judicial ven en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la única posibilidad de que en su caso se haga justicia. En los últimos años España ha sido condenada por varias decenas de violaciones de distinta naturaleza, entre las que se cuentan vulneraciones de la prohibición de la tortura (López Martínez v. España, n.º rec. 32897/16, de 9/3/2021 – maltratos de la policía a dos participantes de una manifestación), lesiones del derecho a un juicio justo (Romero García v. España, n.º rec. 31615/16, de 8/9/2020 – valoración en apelación de elementos fácticos en contra de reo y sin haberle tomado audiencia) o violaciones del derecho a la libertad de expresión (Benítez Moriana e Íñigo Fernández v. España, n.º rec. 36537/15, de 9/6/2021 – dos ciudadanos publicaron una carta al director de un periódico criticando la actuación de un Juez en un asunto que les afectaba), entre otras.
El pasado junio dos abogados del despacho MOLINS DEFENSA PENAL, Juan Segarra Monferrer y Albert Estrada Cuadras, recibieron el diploma acreditativo de haber superado un curso específico sobre las condiciones de admisibilidad de una demanda a la Corte de Estrasburgo, organizado por el Consejo de Europa e impartido por Letrados del TEDH.
Con esta formación, la firma refuerza la preparación de sus letrados para la interposición de demandas al TEDH, frente al que ya han presentado más de media docena de recursos, estando varios de ellos en tramitación.
La perspectiva actual es incierta. Pese a que en ocasiones similares el TEDH ha condenado a los Estados de acogida (como en este caso sería Grecia), parece que la línea rectora del proceso liderado por Molins & Silva radica en priorizar la burocracia. Ello no hace sino obstaculizar la buena marcha del proceso. Pese a ello, Molins & Silva sigue pendiente de que el TEDH se pronuncie sobre el caso
