Desde el año 1991, la United States Sentencing Comission viene publicando un conjunto de directrices para dictar sentencias a la hora de condenar a una persona jurídica en los Estados Unidos, conocidas como “Sentencing Guidelines”. Si bien estas directrices tienen como principal objetivo unificar los criterios empleados por los tribunales y otros órganos enjuiciadores a la hora de condenar a personas jurídicas por delitos y otros ilícitos cometidos en su seno, no puede pasarse por alto la gran influencia que han tenido (y tienen) estas directrices a la hora de configurar los sistemas de Compliance.
Con motivo del trigésimo aniversario del comienzo de la publicación de las Sentencing Guidelines, el pasado mes de agosto la United States Sentencing Comission publicó un documento recopilatorio de los principales hitos y la evolución durante estos treinta años, bajo el título «The Organizational Sentencing Guidelines: Thirty Years of Innovation and Influence».
Este documento resulta de gran interés para observar la evolución de las condenas a personas jurídicas, así como la implementación de sistemas de Compliance en su seno. Se configura como una especie de memoria en la que se recogen y se analizan diferentes aspectos de la criminalidad en personas jurídicas y cuestiones relativas a la adopción y configuración de sistemas de Compliance durante estos treinta años.
Por ejemplo, se recogen datos como (i) cuáles han sido los delitos e infracciones más comunes; (ii) el porcentaje de entidades sancionadas que disponían de sistemas de Compliance en el momento de cometer la infracción y su evolución con el paso de los años; (iii) sectores empresariales con mayor volumen de entidades condenadas; (iv) tamaño de las entidades más condenadas; (v) número de entidades condenadas en cada año, entre muchos otros.
Al respecto, resulta interesante destacar que, según las conclusiones recogidas por la United States Sentencing Comission, más del setenta por ciento (70%) de las empresas sancionadas entre los años 1992 y 2021 tenían menos de cincuenta (50) empleados; que los principales delitos han sido el fraude, delitos contra el medio ambiente y prácticas contra la competencia; o que los sectores más afectados han sido la industria manufacturera, el sector farmacéutico/sanitario y la venta al por menor.
Por ello, su lectura resulta altamente recomendable, en tanto aporta información muy interesante que permite poner en perspectiva la evolución de la comisión de delitos por parte de personas jurídicas y de los sistemas de Compliance. El documento íntegro se encuentra disponible aquí.
Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal.
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