El pasado lunes 26 de septiembre de 2022, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, publicó el informe remitido de “fiscalización del grado de implementación de los modelos de prevención de delitos y de comportamientos contrarios a la ética en las sociedades mercantiles estatales en el ejercicio 2018”. En la sesión de 28 de junio de 2022 se acordó asumir las conclusiones presentadas e instar al Gobierno de España a implantar un seguido de recomendaciones a treinta sociedades mercantiles estatales.
La fiscalización se ha configurado, primordialmente, como una tarea operativa y de cumplimiento, con el fin de evaluar el funcionamiento de las sociedades fiscalizadas y el grado de implementación de sus respectivos modelos de prevención de delitos de acuerdo con el artículo 31 bis del Código Penal. Asimismo, pretende comprobar que los canales de solicitud de información previstos en cada sociedad cumplen con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Respecto al ámbito temporal de la fiscalización, se ha basado en el grado de implementación de los modelos de organización y gestión de delitos que tenía cada sociedad fiscalizada al cierre del ejercicio 2018, sin perjuicio de la posible extensión a otros periodos.
El informe clasifica el grado de implementación de los modelos de prevención de delitos o Prevención de Riesgos Penales (en adelante, PRP) y sistemas de ética o integridad de cada sociedad cotizada según la fase en la que se encuentre: “incipiente”, “en desarrollo”, “implementado en fase inicial”, “evolucionado” y “experimentado”.
El informe anota que, para que se pueda considerar implementado un modelo de PRP, resulta necesario tener adoptados los siguientes ocho (8) elementos: (i) Código Ético y/o conducta, (ii) Manual o Plan de desarrollo del modelo o sistema de PRP, (iii) Canal de denuncias y/o consultas ante comportamientos contrarios al Código, (iv) Régimen Sancionador, (v) Órgano de Vigilancia, (vi) Órgano que tramite y resuelva las denuncias, (vii) Difusión del sistema o modelo de PRP y (viii) Formación a todos los empleados sobre el contenido del PRP.
Por último, las principales recomendaciones son las siguientes:
Para el desarrollo de las mencionadas recomendaciones, han sido aplicadas las Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobadas por el Pleno de 23 de diciembre de 2013, así como la Directriz para la Auditoría de la Prevención de la Corrupción de 2016 de INTOSAI y la Directriz para la Auditoría de Ética de 2017 de EUROSAI.
El Informe concluye que la amplia mayoría de sociedades cotizadas tiene implementado un modelo o sistema de PRP eficaz, al contar con controles activos para mitigar o minimizar los riesgos penales, siendo uno de esos controles preventivos la existencia de un sistema de ética dentro de la sociedad. Además, afirma que no se han detectado incumplimientos de especial relevancia respecto a lo previsto para los portales de transparencia en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En definitiva, resulta evidente la necesidad de fomento de una cultura ética empresarial y de cumplimiento tanto en las instituciones públicas como privadas para evitar la comisión de delitos corporativos y mitigar la responsabilidad penal de la persona jurídica.
El documento íntegro se encuentra disponible aquí.
Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal.
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