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Compliance penal: el Tribunal Supremo absuelve a una empresa condenada por corrupción internacional y reafirma los requisitos de la responsabilidad penal corporativa | Molins Defensa Penal

Compliance penal: el Tribunal Supremo absuelve a una empresa condenada por corrupción internacional y reafirma los requisitos de la responsabilidad penal corporativa

La STS 544/2026, de 21 de septiembre, confirma que la comisión de un delito por un directivo no determina automáticamente la responsabilidad penal de la empresa y que esta exige acreditar un fundamento propio de imputación, vinculado a la existencia de deficiencias organizativas. La resolución también recuerda que las conductas de corrupción internacional pueden producirse durante la ejecución de contratos válidamente adjudicados.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 544/2026, de 21 de septiembre (ECLI:ES:TS:2026:3864), ha dictado un relevante pronunciamiento en materia de Compliance penal, responsabilidad penal de las personas jurídicas y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

La resolución confirma las condenas de dos responsables empresariales por corrupción internacional, pero absuelve a una de las sociedades implicadas al considerar que los hechos probados no identificaban las deficiencias organizativas necesarias para fundamentar su responsabilidad penal.

Con esta decisión, el Tribunal Supremo reafirma su doctrina sobre el modelo de autorresponsabilidad de las personas jurídicas y recuerda que la comisión de un delito por un directivo o empleado, incluso cuando actúe en nombre o beneficio de la organización, no permite presumir la existencia de defectos en sus mecanismos de prevención, vigilancia y control.

  1. El caso: corrupción internacional durante la ejecución de un contrato

Los hechos enjuiciados se produjeron en el marco de diversos contratos de suministro de material de defensa suscritos entre una sociedad mercantil estatal española y el Gobierno de un país extranjero.

Durante la ejecución de un proyecto de suministro de sistemas de vigilancia costera y embarcaciones, un directivo de la sociedad contratista y el representante de una empresa subcontratista participaron en la concesión de ventajas indebidas a funcionarios públicos extranjeros y personas de su entorno.

Entre estas ventajas se encontraban regalos, viajes, estancias hoteleras, equipamiento industrial y gastos médicos, incluidas intervenciones de cirugía estética para familiares de determinados funcionarios.

Algunos de estos gastos fueron incorporados a la facturación contractual bajo conceptos que ocultaban su verdadera naturaleza. Asimismo, determinadas comunicaciones entre los implicados evidenciaban actuaciones destinadas a disimular la entrega de bienes ajenos al objeto de los contratos.

Según los hechos declarados probados, estas ventajas tenían como finalidad asegurar la buena disposición y colaboración de los funcionarios extranjeros para favorecer la ejecución y continuidad de las relaciones contractuales.

La Audiencia Nacional condenó a los dos responsables empresariales y a la sociedad subcontratista por un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Sin embargo, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de las personas físicas y absolvió a la sociedad.

  1. La corrupción internacional también puede producirse en contratos legalmente adjudicados

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia para los Sistemas de Compliance y prevención de la corrupción es la interpretación del delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, previsto en el antiguo artículo 445 del Código Penal y actualmente regulado en el artículo 286 ter.

Las defensas sostenían, entre otros argumentos, que los contratos se habían formalizado y ejecutado regularmente, sin que se hubiera acreditado una alteración de las condiciones de competencia en su adjudicación.

Sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza esta interpretación y recuerda que el delito de corrupción internacional no se limita a las conductas dirigidas a obtener irregularmente un contrato, sino que también comprende aquellas destinadas a conservarlo mediante la concesión de ventajas indebidas a funcionarios públicos extranjeros.

Por tanto, un contrato válidamente adjudicado y correctamente ejecutado puede constituir el contexto en el que se desarrollen conductas corruptas, cuando se concedan beneficios indebidos para garantizar su continuidad o preservar una posición competitiva favorable.

Asimismo, el Tribunal Supremo precisa que la capacidad corruptora de una ventaja indebida no depende exclusivamente de su importe económico ni de su proporcionalidad respecto del valor del contrato, sino de su aptitud objetiva para influir indebidamente en la actuación del funcionario beneficiario.

Esta interpretación resulta especialmente relevante para las organizaciones con actividad internacional, ya que pone de manifiesto que los controles anticorrupción deben extenderse a todas las fases de la relación contractual, y no limitarse a los procesos de negociación y adjudicación.

  1. Compliance penal y responsabilidad de las personas jurídicas: ¿por qué se absuelve a la empresa?

La segunda cuestión, especialmente relevante desde la perspectiva del Compliance penal, se refiere a los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad penal a una persona jurídica conforme al artículo 31 bis del Código Penal.

El Tribunal Supremo reafirma su doctrina sobre el modelo de autorresponsabilidad de las personas jurídicas, según el cual la responsabilidad penal de una organización no puede fundamentarse exclusivamente en la comisión de un delito por alguno de sus administradores, directivos o empleados.

La Sala recuerda que el denominado delito corporativo exige un fundamento propio de imputación, vinculado a la existencia de un defecto estructural en los mecanismos de prevención, vigilancia y supervisión exigibles a la persona jurídica.

En consecuencia, no basta con acreditar que una persona física ha cometido un delito en nombre o beneficio de la empresa. Es necesario acreditar también los presupuestos que permiten atribuir responsabilidad penal a la propia organización.

En el caso analizado, el Tribunal Supremo constata que las resoluciones recurridas no incorporaban en el relato de hechos probados ninguna referencia a las deficiencias organizativas de la sociedad subcontratista que pudieran fundamentar su responsabilidad penal.

Esta ausencia de una base fáctica suficiente impide mantener la condena de la sociedad, aunque se haya acreditado la responsabilidad penal de su representante.

La sentencia refuerza así una distinción esencial: la responsabilidad penal de la persona jurídica no constituye una consecuencia automática de la responsabilidad penal de la persona física, sino que requiere una fundamentación autónoma.

  1. El Tribunal Supremo rechaza que el defecto organizativo pueda presumirse

Uno de los aspectos de mayor trascendencia jurídica de la sentencia es que el Tribunal Supremo rechaza que la comisión de un delito por un directivo o empleado permita presumir la existencia de un defecto organizativo en la empresa.

La Sala recuerda que las personas jurídicas, cuando son investigadas o acusadas en un procedimiento penal, gozan de las garantías derivadas del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Por ello, no resulta admisible establecer un estándar probatorio menos exigente para las personas jurídicas que para las personas físicas, ni trasladar automáticamente a la organización las consecuencias penales de una conducta individual.

En este sentido, el Tribunal Supremo insiste en que la responsabilidad penal corporativa debe fundamentarse en hechos acreditados que permitan identificar las deficiencias estructurales de los mecanismos de prevención y control de la organización.

Esta doctrina, que conecta con pronunciamientos anteriores como las SSTS 154/2016, de 29 de febrero; 221/2016, de 16 de marzo, y 372/2025, de 11 de abril, refuerza la distinción entre la responsabilidad penal individual y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Asimismo, la Sala advierte de que el análisis no puede limitarse a determinar a quién corresponde acreditar la existencia de programas de Compliance o la concurrencia de una eventual causa de exención de responsabilidad.

La cuestión es anterior: para condenar penalmente a una persona jurídica, deben quedar acreditados los presupuestos que fundamentan su propia responsabilidad penal.

En este punto, resulta especialmente importante distinguir entre dos situaciones:

  • La ausencia de responsabilidad penal por falta de acreditación de sus presupuestos. Si no se acredita el fundamento propio de imputación de la persona jurídica, no puede dictarse una sentencia condenatoria.
  • La exención de responsabilidad penal por la concurrencia de los requisitos legales. En este supuesto, el análisis se centra en determinar si concurren las condiciones previstas en el artículo 31 bis CP para aplicar la correspondiente causa de exención.

En el caso examinado, la absolución de la sociedad no se fundamenta en que hubiera acreditado la eficacia de su Sistema de Compliance Penal, sino en que la sentencia condenatoria no recogía los hechos necesarios para sustentar su responsabilidad penal.

Por tanto, no puede interpretarse que el Tribunal Supremo haya declarado la adecuación o eficacia de los mecanismos de prevención y control de la organización, sino que ha considerado insuficiente el fundamento fáctico de su condena.

  1. ¿Qué implicaciones tiene esta sentencia para los Sistemas de Compliance?

La STS 544/2026 ofrece importantes enseñanzas para las empresas y para los profesionales responsables del diseño, implantación y supervisión de los Sistemas de Compliance.

En primer lugar, evidencia la necesidad de evaluar los riesgos de corrupción durante todo el ciclo contractual. Las conductas corruptas no se limitan a las fases de negociación y adjudicación, sino que también pueden producirse durante la ejecución, modificación, renovación o continuidad de los contratos.

En este contexto, adquieren especial relevancia los controles sobre las relaciones con autoridades públicas, la autorización de regalos y hospitalidades, la contratación y supervisión de intermediarios, la justificación de gastos de representación y la trazabilidad de pagos y prestaciones.

En segundo lugar, pone de manifiesto la importancia de disponer de mecanismos efectivos de prevención, vigilancia y supervisión, adaptados a los riesgos y características de cada organización.

Los Sistemas de Compliance Penal deben traducirse en medidas concretas y operativas, con responsabilidades claramente atribuidas y mecanismos de seguimiento que permitan verificar su aplicación efectiva.

Por último, destaca la relevancia de la información documentada y de las evidencias de funcionamiento del Sistema de Compliance. Aunque la sentencia se centra principalmente en los presupuestos de la responsabilidad penal corporativa y sus exigencias probatorias, su doctrina pone de manifiesto la utilidad de que las organizaciones puedan acreditar las medidas adoptadas para prevenir, detectar y gestionar sus riesgos penales.

En cualquier caso, debe recordarse que la existencia de un Sistema de Compliance Penal no determina automáticamente la exención de responsabilidad, del mismo modo que la comisión de un delito por un directivo no demuestra, por sí sola, que dicho Sistema resulte ineficaz o presente deficiencias estructurales.

  1. Conclusión: la importancia del Compliance penal y del fundamento propio de la responsabilidad corporativa

La STS 544/2026 constituye un pronunciamiento de especial relevancia para el Compliance penal por sus aportaciones tanto a la interpretación del delito de corrupción internacional como al fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Por un lado, confirma que un contrato legalmente adjudicado y correctamente ejecutado puede convertirse en el escenario de prácticas corruptas cuando se conceden ventajas indebidas para asegurar su continuidad.

Por otro, reafirma que la comisión de un delito por un directivo o empleado no determina automáticamente la responsabilidad penal de la empresa, que exige un fundamento propio de imputación vinculado a la existencia de deficiencias estructurales en sus mecanismos de prevención y control.

La sentencia consolida así una garantía esencial en la aplicación del artículo 31 bis del Código Penal: la responsabilidad penal corporativa debe fundamentarse en hechos suficientemente acreditados, sin que pueda presumirse el defecto organizativo por la mera existencia de un delito individual.

Desde la perspectiva del Compliance, esta doctrina refuerza la importancia de contar con Sistemas de prevención y control efectivos, adaptados a los riesgos de cada organización y respaldados por evidencias que permitan acreditar su aplicación y supervisión.