La corrupción bajo lupa: claves del nuevo Plan Estatal de lucha contra la corrupción
El pasado 9 de julio, el Gobierno de España presentó el nuevo Plan Estatal de lucha contra la corrupción, una ambiciosa hoja de ruta que actualiza y amplía los esfuerzos normativos, institucionales y culturales dirigidos a prevenir y sancionar la corrupción. Además, se alinea con estándares internacionales (GRECO, OCDE, Comisión Europea) e incorpora aportes de la sociedad civil. Ahora, la clave estará en si el compromiso político anunciado se traduce en medidas reales.
El Plan se articula en cinco (5) ejes fundamentales:
- Prevención de riesgos y fortalecimiento de controles
Destaca la creación de una “Agencia Independiente de Integridad Pública”, que centralizará funciones actualmente dispersas (transparencia, contratación, protección del informante, etc.). Además, en el ámbito de la contratación, se prevé la transformación del portal estatal mediante inteligencia artificial y big data, y se impulsa la extensión del uso de mapas de riesgos de integridad a todos los fondos públicos.
- Protección de los informantes
El Plan reconoce que, pese a los avances introducidos por la Ley 2/2023, es necesario un nuevo impulso:
- Extensión de las garantías de los informantes definidas en la Ley 2/2023 a quienes denuncien directamente ante Fiscalía, policía u órganos judiciales.
- Protección extendida durante cinco (5) años desde el cese de sus funciones a gestores de canales de denuncia.
- Derecho a indemnizaciones proporcionales al daño sufrido.
- Mayor exigencia de independencia y eficacia en los canales internos.
- Investigación y sanción eficaz de la corrupción
Además de la promoción de la instrucción penal por parte del Ministerio Fiscal, el endurecimiento del Código Penal y la creación de secciones especializadas en materia anticorrupción en los tribunales de instancia, en contexto Compliance destaca lo siguiente:
- Obligatoriedad de sistemas de Compliance para grandes operadores.
- Sanciones reforzadas a empresas corruptoras: multas proporcionales al beneficio ilícito o inhabilitación de contratar con el sector público.
- Blacklisting: exclusión automática de contratación pública en casos de condena firme por corrupción.
- Recuperación de activos
El Plan refuerza la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Se estudia, además, la incorporación del decomiso administrativo o preventivo al ordenamiento jurídico español, siguiendo modelos como el civil forfeiture anglosajón.
- Cultura de integridad
Se introduce formación obligatoria en integridad para empleados públicos y representantes parlamentarios, y se promueve una gran campaña social con mensajes que fomenten el uso de los canales de denuncia.
¿Cuál es nuestra conclusión en contexto de Compliance?
Para las empresas y entidades del sector público, el mensaje es claro: se acabó mirar hacia otro lado. El Plan exige programas de Compliance efectivos y actualizados, especialmente para las entidades que contraten con la Administración Pública.
En definitiva, desde Molins Compliance seguiremos atentos a cada novedad. Lo que ahora es un plan, pronto puede acabar siendo una norma. Y cuando eso ocurra, estar preparados no será una ventaja competitiva, sino una obligación jurídica y ética.
Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal.
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